Yadira Rivera
La llamada Ley Aquiles, iniciativa del diputado local Aquiles Gonzáles que propone despenalizar el aborto en Zacatecas, se convirtió en moneda de cambio de los políticos estatales de cara a las elecciones de julio próximo, en las que se renovarán 58 alcaldías y 30 diputaciones locales.
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El tema de la legalización del aborto en Zacatecas se convirtió en conflicto de intereses entre políticos y diputados –así como entre especialistas y clérigos- que evaden profundizar sobre el tema ante la cercanía de las elecciones. Antes de que termine la actual legislatura, bajo la bandera perredista podría aprobarse por mayoría la llamada “Ley de avanzada”.
El pasado 18 de abril, el diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Aquiles González Navarro, propuso llevar a la tribuna del Congreso una iniciativa de “avanzada” para despenalizar el aborto, como un “efecto dominó” de la reforma legal que realizó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
La propuesta sería respaldada por el presidente de la mesa directiva del Congreso, el ex priista y ahora perredista Pedro Goitia Robles, así como por la mayoría de legisladores del PRD, ante el rechazo tajante de diputados de Acción Nacional (PAN), así como de militantes del PRI, y de la Diócesis de Zacatecas, que en las homilías dominicales pidió a los diputados no presentar la iniciativa.
Con el apoyo de luchadoras feministas, asociaciones civiles y docentes universitarias, la propuesta busca modificar los artículos 310, 311, 312 y 313 del Código Penal vigente en el estado y reformar la Ley Estatal de Salud, sería presentada ante el pleno.
La propuesta fue “congelada” por los legisladores, que advirtieron que en caso de despenalizar el aborto el costo electoral sería terrible en las elecciones del próximo mes, cuando se renovarán las 58 presidencias municipales y 30 puestos para diputados locales.
La llamada Ley Aquiles nunca llegó a la concertación política del Congreso, pese al reclamo de las asociaciones civiles ante quienes se habían comprometido a presentar el documento, que finalmente se convirtió en una “papa caliente” para la próxima legislatura, pues al no ser un periodo electoral, se espera que la fracción del sol azteca no tenga miedo a legislar frente a la lucha que enfrentará contra el alto clero de la Iglesia Católica.
La diputada priista Sonia Pérez Díaz, habla de la guerra a la que se enfrentarían los promotores de la despenalización del aborto, al subir esta propuesta a la tribuna, y expone su postura: “Mi defensa de la vida no admite dobleces, oportunismos ni coyunturas políticas”.
La legisladora agrega que “un proyecto de vida personal, un asunto y decisión de la mujer, una condición económica precaria o la liberación de la mujer para alcanzar nuevos derechos, no son argumentos suficientes para interrumpir la vida de un ser humano”.
La Ley Aquiles
El legislador Aquiles González Navarro abrió la “caja de Pandora” al presentar –durante un foro de especialistas el tema de la despenalización del aborto– propuesta que llevaría a la tribuna del Congreso del estado, pues actualmente el Código Penal tipifica como delito la práctica abortiva.
En el foro el diputado consideró que el documento busca legalizar la práctica del aborto, pues durante el sexenio pasado, periodo en el cual fue procurador de Justicia del estado, no se denunció ningún caso de embarazo interrumpido, aunque, señala, se trata de una práctica que se lleva a cabo en forma clandestina, y en caso de que exista un proceso penal en contra de una mujer que aborta, las penas son irrisorias.
Para el político las normas que regulan actualmente los abortos en la entidad son inadecuadas.
Al comparar la gravedad del delito de abortar con el robo de animales, quien también fuera líder universitario, considera que resulta obsoleta la actual legislación, pues mientras a una persona que practica un aborto y no tiene dinero para la fianza puede alcanzar una pena de cárcel de tres a cinco años, en el caso de la práctica de robo de ganado los años de prisión son mayores, incluso un delincuente puede ser sancionado hasta con 12 años tras las rejas.
La iniciativa de ley para la despenalización plantea diferencias importantes con respecto a la aprobada recientemente en el Distrito Federal, porque contempla un tratamiento psicológico para ayudar a la mujer a analizar sus opciones y en caso de preferir el aborto que tenga derecho a apoyo psicológico durante el proceso, sin influir desde una perspectiva moral en su decisión.
Mientras la Ley del DF permite que las mujeres puedan ser atendidas en los hospitales de servicios de salud cuando por circunstancia propia decidan interrumpir el embarazo, en Zacatecas se buscará garantizar que las mujeres reciban el mismo servicio pero con atención emocional. También se contempla involucrar al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para que en forma temporal se haga cargo de los niños que por decisión de sus madres nacerían y se otorgarían en adopción.
Para el diputado promotor de la reforma, en caso de que la iniciativa llegue a un consenso y por mayoría sea votada en el Congreso local, la decisión de publicarla será sólo de la gobernadora, Amalia García Medina, una de las principales promotoras en el país de la llamada “equidad de género”. González Navarro no ha descartado que la presión de grupos sociales, mediante movilizaciones, pueda llevar al fracaso cualquier propuesta.
Miedo a “quemarse”
En entrevista Bertha Medrano, presidenta en la entidad de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (DESER), reclama la doble moral con la que se conducen los diputados en Zacatecas, quienes “en el discurso hablan de equidad, de la participación de la mujer en la sociedad, pero contradictoriamente un tema tan delicado y apremiante como la despenalización del aborto simplemente no se toca, se ignora”.
Medrano señala que la despenalización del aborto es un tema que los actuales candidatos a diputados y presidentes municipales no quieren abordar, porque es un tema que sirve para traer o contrarrestar votos.
“El PAN es el único partido que se ha mantenido con una postura coherente con sus principios, pero en el caso de los otros partidos simplemente no tocan el tema, le tienen miedo a las implicaciones políticas y contrariamente a lo que se podría esperar en un estado gobernado por la izquierda”, señala.
Desde el sexenio pasado los diputados locales priistas, Gumaro Elías y Roberto Valadez, se comprometieron a reformar el Código Penal en el que no se establece cuánto tiempo debe transcurrir para que una mujer violada pueda abortar. Sin embargo, los políticos nunca ahondaron en el tema por miedo a ser linchados por la opinión pública.
Durante su campaña a diputado, González Navarro se comprometió a despenalizar el aborto, sin embargo, reclama Medrano, “nada prosperó y creímos que algo pasaría después de que se aprobó una normativa similar en el Distrito Federal. Primero dijeron que se agendaba y luego el diputado perredista Pedro de León dijo que no, de ahí nadie se ha manifestado a favor de legislar por la salud sexual de las mujeres”.
La activista dice que en realidad el tema está estancado, la gente que tiene el poder no permite que la iniciativa avance por intereses particulares, “en el país somos de los pocos gobiernos del PRD y se esperaba que lo hicieran, quien hable de equidad tiene que entrarle a estos temas”, pues la población zacatecana está preparada para despenalizar el aborto.
Refiere un caso ocurrido hace dos años en Sombrerete, donde una menor de edad llegó a una clínica con una aguda hemorragia y la cabeza del embrión fuera del cuerpo luego de intentar practicarse un aborto. “Su caso no procedió por ser menor de edad y porque las leyes vigentes no se pueden aplicar a todos los casos, son ambiguas y tienen grandes vacíos generacionales”.
Asegura que la urgencia de la despenalización es porque “no queremos que mueran mas mujeres como consecuencia de las denigrantes condiciones en que se practican los abortos”, con ello, dice, se logrará además reconocer realmente los derechos de las mujeres y que quien aborte no sea vista como delincuente.
“Vivimos en un Estado laico, en el que existe una separación de la iglesia y el Estado y se están violentado nuestros derechos ante una moral que impide que las mujeres sean instruidas sobre su derecho a la salud sexual y reproductiva”.
La presidenta de DESER dice que hay un desfase en las leyes a nivel nacional, lo que hace urgente revisar el Código Penal, pues hay estados en donde el legrado por malformaciones congénitas es permitido, mientras que en otras entidades es un delito.
Abortos clandestinos
Irma Serrano, secretaria general de la asociación civil Mujeres y Punto, asegura que actualmente en todo el estado hay decenas de médicos que practican abortos en forma clandestina, que obtienen jugosas ganancias sin garantía de un trabajo profesional, amparados en el estigma que hay sobre las mujeres que abortan.
Estos médicos, dice Serrano, “cobran mucho dinero y nadie los señala, sin embargo a las mujeres nadie las protege, ellos les pueden prescribir cualquier medicamento que incluso pone en riesgo su vida, y todo ello es por la inexistencia de una legislación que evite tales prácticas médicas”.
Recientemente la agrupación Mujeres y Punto publicó el documento “La mujer decide, la sociedad respeta y la ley protege”, en el cual “cada una de nosotras de acuerdo a las circunstancia en que se encuentre debe decidir si se embaraza o no; yo puedo en este momento de mi vida decir no al aborto pero porque mis condiciones son buenas, pero qué pasa cuando las condiciones son diferentes, la opinión cambia”.
Leticia Espinosa, del Grupo Esperanza -también de defensa de los derechos de las mujeres-, considera que la despenalización del aborto es un derecho que las mujeres deben ejercer, “son dueñas de su cuerpo y deben decidir qué pasa con el cuerpo, porque es inaudito que mujeres llenas de hijos deban seguir teniéndolos cuando es su decisión no tenerlos porque ya no pueden sostenerlos, ni darles una calidad de vida”.
Respecto a la práctica de abortos clandestinos, Leticia Espinosa dice que es una realidad que se presenta en todos los niveles de la sociedad, “en las comunidades o ciudades es lo mismo, quién sabe de dónde saquen el dinero pero lo reúnen para hacerlo”.
Coincide en la urgencia de reformar el Código Penal porque, dice, como ya se despenalizó el aborto en el DF, la única opción actualmente es que las mujeres acudan a la capital del país a practicarse un legrado, porque incluso, dice, “sale más barato que viajar a Estados Unidos”.
Por su parte, María Luisa Sosa de la Torre, candidata a legisladora por el PRD en Zacatecas, considera que el tema de la despenalización del aborto está suspendido de la agenda legislativa ante la falta de apoyo de los legisladores, pero confía en que vuelva a reactivarse para ser discutida y aprobada en su caso.
Sosa de la Torre, ex activista de la Red de Organizaciones de Mujeres por un Milenio Feminista, dice que independiente de los colores, los políticos que lleguen la Congreso del Estado deben asumir el compromiso con el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo:
“Las mujeres no se embarazan solas y no tienen por qué hacer frente solas a los problemas que conlleva un embarazo, participaron dos con consentimiento o sin él, pero únicamente se señala a la mujer y en caso de violentar la normativa es sancionada”.
El rechazo
Así como las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres han exigido públicamente la despenalización del aborto, políticos del PAN, clérigos y organizaciones de derecha se han manifestado en contra de la Ley Aquiles.
El vicario de la Diócesis de Zacatecas, el presbítero, Filiberto Romo, ha señalado que la solución no es despenalizar el aborto, “pues tal práctica ilícita continuará realizándose aun con las medidas que adopte el gobierno estatal”, y asegura que esta nueva ley “generará un aumento en la promiscuidad, así como de relaciones efímeras entre parejas”.
En varias localidades la inconformidad en contra de la propuesta hizo salir a las calles a cientos de ciudadanos en municipios como Sombrerete, donde el pasado 20 de abril varios grupos de feligreses, encabezados por el cura Agustín Reyes de la parroquia de San Juan Bautista, tomaron la avenida principal a través de una marcha en silencio como medida de rechazo a la iniciativa.
En la ciudad de Zacatecas, en el templo de Fátima, inició a finales de abril una campaña para adoptar el alma de los niños nonatos, la cual consiste en rezar todos los días el rosario por los infantes que podría morir a causa de las prácticas abortivas. En la colonia Felipe Ángeles, un grupo de ciudadanos, en compañía de niños, tomaron las calles vestidos de blanco y rechazaron las propuestas de reforma y exigieron el respeto a la vida.
A los reclamos se sumaron los diputados panistas Federico Bernal Fraustro y Raquel Zapata, quienes exigieron a los legisladores perredistas dar marcha atrás a la propuesta, pues dicen que “el objetivo es defender la vida y evitar que se impongan a la sociedad prácticas que impliquen el asesinato de seres humanos inocentes e indefensos”.
Características de la Ley Aquiles
Participación del gobierno del Estado y del DIF.
Práctica del aborto permitida bajo asistencia de especialistas.
Servicios de Salud del Estado, institución con permiso de practicar legrados.
En caso de nacimientos y no querer al producto, pueden donarlo al gobierno.
Aumento de penas a mujeres que continúen realizando abortos insalubres.
Beneficios de la despenalización
La aprobación de la ley permitiría a la mujer decidir qué hacer con su embarazo después de un examen de conciencia y determinar la forma de proceder. Muchas mujeres que quieren y pueden interrumpen su embarazo, se informan con conocidos y simplemente lo hacen sin importar sus condiciones socioeconómicas, ya sea con los mejores cuidados y en la clandestinidad o en el monte con hierbas y remedios caseros, pero todas buscan una salida.
Fuente: Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Mujer (DESER).